Organizaciones rechazan propuesta de usar 30% de los fondos de pensiones
Santo Domingo.- Más de 90 organizaciones y centrales sindicales manifestaron su rechazo a que el Sistema Dominicano de Seguridad Social «sea modificado legalmente para hacer cargar sobre las mayorías el peso de la crisis que atraviesa el país, esta vez a costa de sus fondos de pensiones», y a la vez para liberar a las AFP y sus ganancias de toda responsabilidad social en medio de la actual situación.
A través de una carta enviada al presidente de la Comisión Permanente de Hacienda en la Cámara de Diputados, Ramón Cabrera, calificaron la propuesta de tomar un 30% de los fondos de pensiones como «injusta, insuficiente e ineficaz».
Consideraron que es injusta debido a que «implicaría lesionar más sus ya maltratados fondos de pensiones, afectar sus escasos derechos y empeorar su precaria situación».
Asimismo, valoraron que es insuficiente e ineficaz ya que la mayoría de los trabajadores y cotizantes, de los cuales una gran parte está suspendida o despedida, tienen salarios precarios, baja cantidad de cotizaciones y escasos fondos para el seguro de vejez, discapacidad y sobreviviencia.
«La mayoría de esos montos no alcanzaría para resolver prácticamente nada. Es intentar poner un parche o dar una aspirina, mientras la economía de los hogares y la tranquilidad social colapsan con extrema gravedad», indica el documento.
Propuestas
Las entidades firmantes propusieron una lista de 21 medidas sobre la Seguridad Social y la protección económica y social ante esta crisis del COVID-19.
Entre las propuestas y demandas está la entrega de un bono de contingencia equivalente al salario registrado en la Tesorería de Seguridad Social (TSS) para los cotizantes que carecen de ingreso mensual y de subsidios ofrecidos por el Estado, y que dicho fondo no sea a costa de los fondos de pensiones y se capitalice con una rebaja sustancial a la comisión cobrada por las AFP, que como se sabe fue modificada por el Congreso Nacional en febrero «aumentando los ingresos y ganancias de las AFP» según subrayaron.
Para ello, proponen una única comisión equivalente a sólo el 10% del exceso de rentabildad de los fondos sobre la rentabilidad de los certificados de depósitos en la banca comercial.
También instaron modificar la Ley para que se considere con ingreso tardío a todas las personas que hayan entrado a cotizar al sistema a partir de los 40 años. Además, que los cotizantes que hayan cumplido 60 años y estén desempleados, tengan derecho a la pensión o hacer retiro de sus fondos.
Igualmente, fiscalizar y revisar de forma «urgente» el 31% de pensiones por discapacidad y el 60% de las pensiones por sobreviviencia que han sido solicitadas y rechazadas, así como el estatus de las cuentas de 67,150 cotizantes fallecidos a diciembre del 2019, de los cuales a julio del año pasado no habían sido entregados unos 1,700 millones de pesos a sus familiares.
Pidieron asimismo la modificación del artículo 29 de la Ley No. 13-20, para que se inicie de inmediato la modificación «integral» a la Ley No. 87-01 y se debata y legisle a favor de un Sistema Dominicano de Seguridad Social que incluya la protección social, pensiones, riesgos laborales y desempleo..
Asimismo, exonerar en medio de la crisis a las micro, pequeñas y medianas empresas y a la clase trabajadora de las cotizaciones a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). Además, librar al Estado del pago de la deuda pública con las AFP y reorientar dichos recursos a necesidades económicas y sociales mientras dure la crisis.
En tal sentido, declaran como deplorable que en medio del estado de emergencia, lejos de tomarse este tipo de medidas, la deuda pública con las AFP aumente con la nueva emisión de bonos del Ministerio de Hacienda por 40 mil millones de pesos, que se traducirán en fondos públicos engrosando las ganancias de estas empresas.
Otras propuestas
En su misiva, las organizaciones firmantes incluyen otras acciones como prohibir las suspensiones y despidos a causa del estado de emergencia; y hacer efectivo el pago de las pensiones pendientes a quienes tienen el reconocido derecho, como los trabajadores cañeros.
Las organizaciones, también propusieron la prolongación del programa FASE y Quédate en Casa; mayor acceso a servicios de PROMESE-CAL, con o sin seguro; exonerar el pago de medicamentos vitales y de primera necesidad a personas de 60 años o más; y reajustar el presupuesto del Sistema de Salud para proveer mejores condiciones a quienes laboran en frente de la pandemia.
Igualmente, préstamos rápidos a pequeñas y medianas empresas, a baja tasa de interés y largo plazo; créditos de consumo a los hogares por parte de la banca comercial y asociaciones de ahorro y préstamos, con pagos en cuotas y sin interés.
Agregan a sus demandas un subsidio al transporte público; la reasignación de todo ítem no esencial en el Presupuesto General del Estado al financiamiento de la crisis; y el descuento del 10% del salario a los sueldos y contratos de 200 mil pesos en adelante en los 384 organismos del Estado, para reasignarlos a auxilios económicos y sociales.
Finalmente, renegociar con los bancos nacionales y acreedores internacionales nuevas condiciones de pago del endeudamiento cuyos plazos venzan a corto plazo o que hayan sido tomados para afrontar el estado de emergencia.
Afirmaron que el Gobierno dispone de alrededor de 200 mil millones de pesos para afrontar la crisis, provenientes de préstamos internacionales y nacionales, de los fondos de riesgos laborales y los recursos liberados por el Banco Central.
