Exconsultor Gómez Mazara solicita indaguen 5 operaciones inmobiliarias
SANTO DOMINGO.- El abogado y político Guido Gómez Mazara depositó por ante la Comisión de Recuperación de Bienes Sustraídos al Estado una relación de transacciones inmobiliarias que supuestamente fueron realizadas por exfuncionarios del Gobierno, las cuales -a su juicio- deben ser revisadas por esta nueva entidad.
Gómez Mazara, quien fuera consultor jurídico del gobierno del expresidente Hipólito Mejía (2000-2004), dijo que se debe determinar si los inmuebles que ellas envuelven entran en el marco de ser devueltos al patrimonio estatal.
Entregó la relación en el despacho del actual consultor jurídico de la Presidencia y coordinador general de dicha comisión, Antoliano Peralta.
Entre las transacciones que sugiere sean revisadas figuran las correspondientes a:
-Un apartamento adquirido por la sociedad Baker Street Financial INC, rastreado y documentado vía el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht;
-Una casa en el Residencial Don Bartolo, de La Vega;
-Cuatro solares y su respectiva edificación en el Residencial Colinas del Oeste;
-El local de la Embajada Dominicana en Ciudad Panamá y,
-Un solar en la calle Bau número 4, del sector Los Cacicazgos, de Santo Domingo.
Gómez Mazara alega que las operaciones inmobiliarias descritas están asociadas con el economista y consultor empresarial Andrés Dauhajre; Julio César Correa, exdirector de Edenorte; el mayor general Adán Cáceres, exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina; Robert de la Cruz, exasistente especial de Medina, y a la gestión de Miguel Vargas Maldonado en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El político y exdirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) dice que no tiene ningún interés en que su iniciativa caiga en los ámbitos de la Ley 302-64 sobre Honorarios de Abogados. Aduce que la misma parte del firme convencimiento de que los ciudadanos “tenemos que contribuir con el adecentamiento de la vida nacional y reconstrucción de la credibilidad de un sistema político que no genera consecuencias penales a los que transforman dinero público en patrimonio privado”.
