El Senado de Chile aprueba el polémico acuerdo comercial TPP11
El Senado de Chile aprobó este martes el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (TPP11), después de cuatro años de tramitación.
El proyecto que ratifica la incorporación del país al acuerdo comercial con la región de Asia-Pacífico recibió 27 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención.
El documento pasará ahora a la Cámara de Diputados para que ésta le comunique al Ejecutivo la aprobación del Congreso Nacional. Así, quedó en condiciones de ser promulgado por el presidente izquierdista Gabriel Boric.
En la previa del tratamiento en el Senado, decenas de manifestantes se agruparon en las inmediaciones del Congreso, en Valparaíso, para exigirle al mandatario Boric que retire el proyecto del TPP11, decisión que está contemplada en el reglamento pero cuyo pedido el mandatario desoyó.
Estaba previsto que la votación en el Senado se realizara el miércoles 28 de septiembre, pero no se llevó a cabo. Tras una petición de «segunda discusión» por parte del senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, en representación del grupo parlamentario conocido como Apruebo Dignidad, fue posible posponerlo.
El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11) es un acuerdo de integración económica plurilateral en la región de Asia Pacífico, y que en principio abarcaría a 11 países: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
Según detalla en su portal oficial la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, entre los objetivos del acuerdo están «promover la integración económica, establecer marcos legales predecibles para el comercio, facilitar el comercio regional, promover el crecimiento sostenible», entre otros.
Sin embargo, el proyecto es ampliamente rechazado por organizaciones sociales porque consideran que atenta contra la soberanía económica y productiva del país. Para los sectores de izquierda, este tratado pone en jaque la soberanía de Chile en temas como el agua, las semillas y los derechos laborales.
La Central Única de Trabajadores (CUT) de Chile emitió este martes un comunicado en el que advirtió que con la aprobación de este tratado se corre riesgo de perder derechos fundamentales como «el contrato de trabajo, las indemnizaciones, el salario mínimo, vacaciones, pre y pos natal, Ley de amamantamiento, jornada de 40 horas y jubilación, entre otros».
En principio, el tratado se había suscrito en febrero de 2016 y contaba con la presencia de EE.UU., pero este país se retiró del acuerdo con la llegada de Donald Trump al poder en enero de 2017; por lo que luego se firmó el TPP11 actual el 8 de marzo de 2018 en Santiago, Chile, en el final de la Presidencia de Michelle Bachelet.
El 17 de abril de 2019 la Cámara de Diputados aprobó el TPP11, por 77 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones. El parlamento del país suramericano se aprestaba para su votación final en el Senado justo antes del estallido social de octubre de ese mismo año. Entre el rechazo que generaba el plan en las calles y la pandemia de covid-19, la votación se fue aplazando y Chile nunca lo ratificó hasta hoy.
El acuerdo entró en vigencia el 30 de diciembre de 2018 en Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur, seis de los 11 integrantes que sí lo refrendaron en sus respectivos parlamentos.
A estos se sumaron luego Vietnam, desde el 14 de enero de 2019, y Perú, cuyo Congreso lo avaló el 19 de septiembre de 2021.
A finales de 2017, los ministros de comercio de estas 11 naciones anunciaron que habían logrado pactar los «elementos centrales» del nuevo acuerdo sin la presencia de EE.UU. Algunos rasgos del tratado son:
Conservación de altos estándares.
Equilibrio general e integridad del TPP inicial.
Garantía a los intereses comerciales y de otro tipo para los participantes.
Se preserva el derecho inherente de cada nación a regular o flexibilizar prioridades legislativas.
Levantamiento de barreras no tarifarias.
Apertura de ofertas nacionales para empresas extranjeras, sin ventajas indebidas.
Normas comunes para el comercio electrónico y los servicios financieros.
Normativa para el respeto del derecho al trabajo.
