Dicen funcionario del BR figura entre ganadores de la licitación del Minerd

SANTO DOMINGO.- Una empresa que supuestamente es propiedad de un funcionario del Banco de Reservas figura entre las ganadoras del proceso de adjudicación de urgencia que realizó en diciembre el Ministerio de Educación para la compra de 752,000 equipos tecnológicos para el plan “Educación para todos, preservando la salud”, según afirman este viernes medios de prensa.

Se trata de Madison Import SRL cuyo principal accionista es el actual vocal suplente de Banreservas, Anel Marcial Veras, quien fue designado en esa posición el 21 de agosto del año pasado, según el decreto presidencial 373-20, señala el periódico Diario Libre en su edición de este viernes. Esta empresa fue creada en 2004 y entre los años 2005 y 2010 tuvo como accionista mayoritario a Maxy Montilla Sierra, el hermano de la exprimera dama Candy Montilla de Medina, quien ahora guarda prisión preventiva por defraudación tributaria.

De acuerdo a lo publicado, en marzo de 2010 Montilla Sierra vendió la mayoría de sus acciones en esta empresa al Grupo Laugama, una empresa registrada en Panamá que también era de su propiedad. Pero ese mismo mes el Grupo Laugama —que hasta entonces se llamaba Laugama Limited Corp.— cambió de manos y fue vendido al actual vocal suplente de Banreservas, según reposa en el Registro Público panameño.

El citado periódico señala que a Madison Import le fue adjudicado un contrato para vender 25,000 netbooks al gobierno por 455,123,935 pesos y a Omega Tech otro para 4,000 laptops para profesores por un monto de 166,791,206 pesos.

Mientras el Departamento de Compras y Contrataciones del despacho educativo había fijado en 137,520,000 pesos la compra de cada lote de 4,000 laptops para profesores, a Omega Tech se le habría adjudicado el contrato por 166,791,206 pesos, unos unos 29,271,206 millones por encima de lo que había planteado el Minerd en el proceso licitatorio.

Omega Tech tiene como accionista a Alvin Emilio Jiménez Fernández, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por supuestas operaciones irregulares con empresas pantallas para defraudar y estafar al Estado dominicano y lavar activos entre los años 2015 y 2016.