Adocco denuncia supuesta corrupción entre Edenorte y empresas licitadas

Santo Domingo.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) presentó una investigación en contra de varias empresas suplidoras del Estado, supuestamente por práctica de corrupción en contratos con la Empresa Distribuidora De Electricidad Del Norte (Edenorte).

El presidente de Adocco, Julio César De la Rosa Tiburcio hizo la denuncia formal ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, (Procompetencia), ya que entiende que hubo un manejo no transparente entre oferentes en los procesos competitivos de selección celebrados por Edenorte.

“Estas empresas han actuado en detrimento de los intereses del Estado a partir de que, pactar para licitar en un proceso ofertas que a final de la jornada terminan desiertas, para que sean asimiladas las que realmente interesan”, sostuvo De la Rosa.

Plantea que un grupo de empresas a través de familiares, gerentes y empleados en común, aparentan articularse en distintas estructuras vinculadas, participando de forma paralela en procesos competitivos de selección convocados por Edenorte, en los que algunas de ellas han resultado adjudicatarias.

Entre las empresas, están: Sarita & Asociados, S. R. L., Dimelectro, S.R.L., Ingmelec Dominicana S.R.L. (INGMELEC), Consorcio de Ingeniería, Gestión & Tecnología (IGTEC), S. R. L. (IGTEC), Servicios Electromecánicos Integrados, S. R. L. (SEISA), INSUCA Ingeniería y Suministros del Caribe, S. R. L. (INSUCA), y Eletec Dominicana, S. R. L. (ELETEC).

Explicó, además, que a pesar de los distintos vínculos que se han denunciado entre ellas, todas estas empresas participaron recientemente en la licitación pública nacional núm. EDENORTE-CCC-LPN-2022-001, para la contratación de los servicios de gestión técnica de pérdidas en la zona de concesión de Edenorte.

Solamente tres de estas empresas, Sarita & Asociados, INGMELEC e IGTEC, acreditan haber sido adjudicatarias en EDENORTE de contratos que exceden los miles de millones de pesos dominicanos, por la provisión de distintos servicios y bienes. De confirmarse la presunta vinculación entre las mismas, estas prácticas habrían configurado la infracción administrativa de colusión, que es castigada con la sanción de inhabilitación permanente por el artículo 66, párrafo único, numeral 3), de la Ley 340-06 y el artículo 29, numeral 3) del Decreto No. 543-12.

De la Rosa Tiburcio indicó que el artículo 11 de la Ley 340-06 establece que las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o dentro de la Convención Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que establecieren prácticas restrictivas de la libre competencia, serán causales determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado del proceso o de la rescisión del contrato, si éste ya se hubiere celebrado.

También que, si producto de una investigación institucional se llegare a determinar que la colusión entre estas empresas les permitió dirigir y manipular los precios de las ofertas en los procesos en los que participan, podría incluso verificarse los elementos materiales y morales para la configuración del delito de estafa en contra del Estado dominicano, castigado por el artículo 405 del Código Penal dominicano.