La orden de detención de Uribe exacerba la polarización política en Colombia

La detención domiciliaria del expresidente colombiano Álvaro Uribe, ordenada este martes por la Corte Suprema de Justicia en un proceso por fraude procesal y soborno de testigos, causó un terremoto político en el país, hoy más polarizado que nunca en torno a su poderosa figura.

La decisión judicial no tiene precedentes en el país, donde hasta ahora ningún expresidente había sentido de esa manera el peso de la ley y donde los procesos abiertos suelen acabar en absoluciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

En el caso de Uribe ha sido diferente porque por ser senador su caso lo vio la Corte Suprema, que hoy decidió ordenar su detención domiciliaria, según el propio Uribe, que se encargó de dar la noticia en las redes sociales a falta de un pronunciamiento oficial del alto tribunal.

“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”, expresó en su cuenta de Twitter Uribe, que fue presidente entre 2002 y 2010, mandato marcado por su guerra sin tregua contra la guerrilla de las FARC.

Alcances de fallo judicial

El país espera expectante el contenido del fallo contra Uribe para saber si tiene otros alcances, más allá de la detención domiciliaria que puede prolongarse por un año, y los motivos que llevaron a los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte a tomar esa medida que, según juristas, es habitual para impedir que el acusado pueda obstruir la Justicia o incluso escapar.

Uribe, que tiene al menos quince procesos abiertos solo en la Corte Suprema por diversos delitos, ha comparecido siempre a las citaciones de la Justicia y ahora deberá aguardar privado de la libertad, aunque en su propia casa, el desarrollo de este caso.

También está por saberse qué pasará con el escaño en el Senado de Uribe, que hasta esta mañana participó en las sesiones virtuales del legislativo ya que por la pandemia de COVID-19 no hay debates presenciales.

País partido en dos

La detención domiciliaria del expresidente expuso nuevamente la profunda división política colombiana donde la mitad del país lo venera como el “salvador de la patria” por su lucha frontal contra las FARC durante los ocho años de su gobierno.

La otra mitad quiere verlo tras las rejas por los crímenes a los que se le vincula, desde matanzas de campesinos a manos de paramilitares hasta la ejecución de civiles por parte de militares, los llamados “falsos positivos”, pasando por la corrupción y el espionaje de opositores e incluso de magistrados de la Corte Suprema, la misma que hoy lo tiene contra las cuerdas.

Esa polarización se hizo evidente en las reacciones a la decisión judicial e involucró incluso al presidente colombiano, Iván Duque, que hoy rompió una lanza por su mentor y jefe de su partido, el Centro Democrático, creado por Uribe en 2014 cuando se distanció de su sucesor, Juan Manuel Santos, y se convirtió en jefe de la oposición a su Gobierno y a las negociaciones de paz con las FARC.

“Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o, inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión, y que a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia”, manifestó Duque.

Su declaración es una referencia velada a la guerrilla de las FARC, cuyos líderes no han recibido aún ninguna condena por los crímenes cometidos durante el conflicto armado por los cuales hay varios procesos abiertos en la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Los defensores de Uribe se volcaron hoy a las redes sociales para criticar que la misma Corte Suprema que hoy procede contra él es la misma que en mayo del año pasado ordenó la libertad del jefe guerrillero Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, cuando estaba detenido por narcotráfico y pedido en extradición por Estados Unidos.

Semanas después, Santrich desapareció y a finales de agosto anunció su regreso a las armas con una de las disidencias de las FARC lideradas por el exjefe negociador de las FARC, Luciano Marín, alias “Iván Márquez”.

Seguidores del expresidente colombiano y actual senador Álvaro Uribe Vélez gritan consignas y ondean la bandera nacional mientras realizan una protesta contra la orden de detención del senador este martes, en las calles de Bogotá (Colombia). ( EFE )
La justicia abre camino

La contraparte de Uribe en este proceso, el senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo (PDA), aseguró que la Corte examinó “abundante material probatorio que sustenta” su determinación que, aunque no tenga aún carácter condenatorio porque el proceso todavía está en la fase de instrucción, abre el camino para que el expresidente responda por sus actos ante la justicia.

“Considero que esta es una decisión que nos ayuda a consolidar la democracia en Colombia. La lección que hoy nos da esta decisión es que no hay personas en Colombia que estén por encima de la justicia y de la ley por muy poderosas e influyentes que sean”, dijo Cepeda en una rueda de prensa.

El caso que los enfrenta comenzó en febrero de 2012 por iniciativa del propio Uribe cuando decidió demandar a Cepeda por supuesta manipulación de testigos, luego de que este anunciara que preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo, una sombra que siempre ha cargado.

Sin embargo, el magistrado José Luis Barceló, que fue quien recibió el caso en la Corte Suprema, no solo lo archivó la demanda contra Cepeda sino que consideró que había motivos para abrir una investigación a Uribe por supuesta manipulación de testigos.

Paradójicamente este caso, que al menos en el sumario de la Corte es de los menos delicados que tiene el expresidente, es el que lo ha puesto en aprietos después de una dilatada carrera política.

Simpatizantes y críticos de Uribe convocaron para este martes y los próximos días manifestaciones en favor y en contra porque la figura de Uribe no deja a nadie indiferente en el país.

“Ojalá salga bien por su familia, por el país, pero al mismo tiempo hay que respetar la Justicia, uno de los poderes públicos, pilar de nuestra democracia, y creo que todos los colombianos tenemos que aceptar los fallos de la Justicia y al mismo tiempo tenemos que respetar su independencia”, dijo a Efe el expresidente Santos minutos antes de que Uribe diera la noticia.

Santos, a quien Uribe primero convirtió en su sucesor y luego en blanco de su campaña opositora por no estar de acuerdo con la negociación de paz con las FARC, aseguró que no le guarda rencor.

“Afortunadamente en la vida yo he aprendido a no dejarme llevar por esos sentimientos negativos del odio, del rencor, de la venganza, y yo lo que en este momento le deseo a Uribe es lo mejor en esta situación difícil que tiene”, manifestó el también Nobel de Paz.