Mora y procesos largos admiten jueces de la Suprema evaluados

Procesos que permanecen demasiado tiempo en los tribunales, necesidad de medir la duración de los expedientes, presión mediática sobre los jueces, cambios en la jurisdicción inmobiliaria y hasta revelaciones sobre la vida personal de los magistrados marcaron las entrevistas de evaluación de desempeño realizadas este martes por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Las comparecencias de los jueces de la Suprema Corte de Justicia dejaron algo más que una defensa de sus respectivas gestiones: ofrecieron una radiografía, desde dentro del máximo tribunal, de varios de los desafíos pendientes de la justicia dominicana.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, realizó las entrevistas públicas a siete magistrados para determinar su permanencia en el alto tribunal. Entre los evaluados figuran Justiniano Montero Montero, Francisco Jerez Mena, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Fran Soto Sánchez y Rafael Vásquez Goico. Las entrevistas forman parte de un proceso que puede culminar con su confirmación por un nuevo período o su sustitución.

Mora judicial y duración de los procesos

Uno de los puntos que atraviesa varias de las comparecencias es el tiempo que tarda el sistema judicial en ofrecer respuestas. Fran Soto Sánchez identificó como uno de los grandes desafíos de la Suprema los casos que permanecen durante períodos prolongados en la Corte. Consideró que no todos los casos deberían ir a juicio y que el tiempo en que permanecen es el gran desafío de la Suprema Corte de Justicia.

Por su parte, Samuel Arias Arzeno puso el énfasis en la necesidad de medir cuánto duran los procesos como instrumento para identificar las causas de los retrasos y mejorar la administración de justicia. El propio reglamento utilizado por el CNM contempla entre sus parámetros técnicos el tiempo promedio transcurrido entre la asignación de los casos y la presentación de los proyectos de sentencia.

Francisco Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala de la SCJ, defendió durante su comparecencia la independencia del juez frente a las presiones externas y llamó la atención sobre los denominados “juicios paralelos” que se producen alrededor de expedientes de alta notoriedad pública. El magistrado planteó que en esos casos convergen la publicidad de los procesos, el derecho al honor y las garantías del debido proceso, por lo que los tribunales deben preservar especialmente la presunción de inocencia. Jerez manifestó además su aspiración de continuar al frente de la Segunda Sala y consolidar la gestión desarrollada durante su período.

Justiniano Montero, presidente de la Primera Sala, abordó asuntos relacionados con su trayectoria, la administración judicial, la ética, la independencia de los magistrados y su experiencia en la gestión institucional. Durante el intercambio también llamó la atención una referencia personal sobre las diferencias entre administrar grandes partidas institucionales y disponer de recursos propios, al relatar que en un momento tuvo que recurrir a un préstamo para pagar el colegio de sus hijos pese a gestionar un presupuesto institucional de miles de millones de pesos. Montero aspira igualmente a permanecer en la Suprema.

sistema inmobiliario, Jurisdicción Contencioso Administrativa e igualdad

Otro planteamiento de carácter estructural surgió de Anselmo Alejandro Bello Ferreras, juez de la Tercera Sala y especialista en derecho inmobiliario. El magistrado defendió la conveniencia de sacar determinados procesos de deslinde de los tribunales y modificar la Ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario, en busca de procedimientos más ágiles y una menor judicialización de trámites que no necesariamente presentan conflictos entre las partes. La propuesta coincide con reformas recientes del propio Poder Judicial que han reservado el deslinde como procedimiento contradictorio para situaciones con características litigiosas.

Por su parte, Rafael Vásquez Goico defendió enfáticamente la ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa al considerarla muy beneficiosa para la República Dominicana. “Yo no vislumbro ninguna norma, ninguna mejoría normativa que acerque más la República Dominicana al estado de derecho, que esa la ley de jurisdicción contencioso administrativa y si me preguntan mucho, yo diría que más que la penal”, manifestó al ser preguntado sobre el tema por el presidente del Senado, Ricardo De Los Santos.

Finalmente, siendo la última de los evaluados, la jueza de la Suprema Corte y subcoordinadora de la Comisión para la Igualdad de ese órgano, Vanessa Acosta Peralta, defendió su gestión asegurando que más del 64 % del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial está compuesto por mujeres.

Las intervenciones dejan así una evaluación que trasciende la productividad individual de cada magistrado. La Mora judicial, la medición de los tiempos, la presión mediática sobre los procesos, la administración de expedientes y reformas a procedimientos inmobiliarios aparecen entre las preocupaciones expresadas por miembros del máximo tribunal. Son precisamente asuntos vinculados con los criterios que el CNM debe ponderar, entre ellos eficiencia, cantidad de sentencias, tiempo de resolución, integridad, independencia, objetividad y desempeño profesional.

Una vez concluidas las evaluaciones, corresponderá al Consejo Nacional de la Magistratura ponderar los informes de desempeño, las informaciones recibidas y las entrevistas públicas antes de decidir cuáles jueces continuarán integrando la Suprema Corte de Justicia. El procedimiento tiene especial relevancia porque los magistrados de la SCJ deben ser evaluados al concluir el período establecido constitucionalmente y cualquier decisión de separarlos deberá estar debidamente sustentada.