Otra denuncia de irregularidades en el ayuntamiento de La Romana
La semana pasada, expuso una denuncia presentada ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por parte de dos regidores, quienes acusan al alcalde de La Romana, Eduardo Kery Metivier, por presuntas irregularidades en contratos de peones, la mayoría de ellos haitianos indocumentados, pagos informales en efectivo y violaciones en procesos de licitación.
El Pepca ha recibido más acusaciones, entre ellas la de una empresa de recolección y traslado de desechos sólidos que asegura haber sido desplazada ilegalmente, a pesar de haber ganado una licitación formal.
Según el testimonio, el alcalde justificó la creación de brigadas municipales para recolectar basura con la excusa de no encontrar personal dominicano dispuesto a trabajar. Sin embargo, la compañía que ganó la licitación sostiene que su equipo estaba disponible y fue apartado con “abuso de poder, premeditación y alevosía”.
Estas nuevas denuncias podrían fortalecer las investigaciones en curso contra el alcalde Metivier, mientras crece la presión pública y política por mayor transparencia en la administración municipal de La Romana.
Apenas un día después de juramentarse, el alcalde Eduardo Kery Metivier autorizó una contratación millonaria. El 24 de abril de 2024, Eduardo Kery Metivier asumió como alcalde de La Romana. Solo 24 horas después, el 25 de abril, bajo la sesión extraordinaria 05-2024, autorizó la contratación de un camión compactador modelo R-11, nuevo, de cero kilómetros y con capacidad de 11 yardas cúbicas. El vehículo, con un rendimiento de 3 a 5 horas diarias, fue contratado por RD$4.7 millones.
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La decisión se tomó pese a que seguía vigente otro contrato millonario.
En julio de 2023, la empresa Peters Global Management Services SRL había ganado una licitación (AMR-CCC-LPN-2023-0001) para alquilar 12 camiones compactadores —10 operando y 2 en reserva— por un valor de RD$4.55 millones mensuales y una vigencia de cuatro años. El contrato fue firmado el 3 de agosto de 2023. Su representante, Michael Rafael Peters Dalmau, calificó de sospechosa la incorporación de nuevos camiones apenas 48 horas después del cambio de mando.
Peters denuncia que los camiones nuevos ya estaban rotulados antes de la contratación.
“El 27 de abril ya los camiones estaban rotulados. ¿Qué empresario entrega 10 camiones nuevos con un contrato de apenas 30 días?”, cuestionó Peters en un video.
Ese mismo día, el alcalde apareció en una transmisión en vivo junto a una edil, asegurando que el contrato con Peters había finalizado. Dos días después, la Alcaldía publicó la compra de 22 camiones compactadores para labores de limpieza urbana.
La contratación se justificó con un estado de urgencia.
Según Peters, el alcalde llevó al concejo municipal la propuesta de declarar un estado de urgencia, lo que permitió una contratación directa por RD$4.7 millones. Para ese momento, 20 camiones estaban operando: 10 de Peters Global y 10 de la nueva empresa contratada.
El alcalde cuestionó públicamente la eficiencia de los camiones de Peters Global.
En declaraciones públicas, Eduardo Kery Metivier afirmó haber certificado por ocho días que los camiones de Peters no ingresaban al vertedero. Sin embargo, el 13 de junio de 2024, Alejandro Ferreira, director de Aseo y Limpieza del cabildo, desmintió esas afirmaciones.
“El contrato de Peters se cumple. Todos los días nos entregan 10 camiones”, declaró Ferreira a un periodista local.
Al día siguiente, Ferreira cambió su versión.
El 14 de junio, la Dirección de Comunicación de la Alcaldía difundió otro video donde Ferreira se retractaba, alegando que fue sorprendido por el periodista en su centro de trabajo. “No fue una entrevista exclusiva, y en ningún momento hablé del compromiso entre Peters Global y el Ayuntamiento”, declaró.
Peters denunció presión, amenazas y obstrucción.
El empresario afirmó haber recibido presiones para rescindir el contrato, incluyendo amenazas con litigios. También denunció obstrucción operativa, como la imposibilidad de acceder al vertedero, y agresiones a sus camiones.
“Nos lanzaban piedras, dañaron vehículos. Se lo comunicamos al alcalde y a los regidores, pero no autorizaron seguir botando en el área usual”, explicó Peters.
El 7 de agosto de 2024, el contrato fue rescindido unilateralmente.
La Alcaldía justificó la rescisión alegando un supuesto ahorro de RD$210 millones en cuatro años con la compra de camiones propios, tomando en cuenta una vida útil estimada de 13 a 14 años.
Peters sostiene que la operación municipal directa no es viable: “Tuvimos que prestar camiones al nuevo alcalde durante la transición porque los dejó dañados”.
Sin notificación formal, acudió a la justicia.
El 9 de agosto, Peters notificó vía acto de alguacil la solicitud de explicación por la cancelación del contrato, sin recibir respuesta. Logró una medida cautelar que obligaba a la Alcaldía a pagar RD$10,000 diarios por incumplimiento. Sin embargo, la medida fue levantada por prescripción, decisión que Peters impugna mostrando evidencia de falta de notificación válida.
“El alguacil se retractó, dijo que fue engañado y que nunca notificó el acto donde debía”, indicó el empresario.
LA DENUNCIA LLEGÓ AL PEPCA.
El 28 de abril de 2025, Peters formalizó su denuncia ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), acusando al alcalde de violar el debido proceso administrativo, la Ley de Compras, y cometer prevaricación y abuso de poder.
“Lo que espero del Pepca es que investigue. Tenemos pruebas de que el alcalde ignoró los actos de alguacil. La rescisión no es legal”, afirmó Peters.
Según Peters, el alcalde busca manejar directamente la nómina, la compra de combustible, llantas y otros aspectos de la flotilla, lo que considera cuestionable. “Quiere el control total de la operación y del dinero que eso implica”, advirtió.
Peters lamentó que al menos 50 familias quedaron sin sustento por la cancelación abrupta. “Prometimos estabilidad por cuatro años, y de un día para otro tuvimos que liquidarlos a todos”, afirmó.
