Prisión preventiva para subdirector y seis agentes del CCR El Pinito por tortura y muerte de recluso
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega impuso un año de prisión preventiva al subdirector y seis agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, acusados de torturar a internos y provocar la muerte de uno de ellos debido a los golpes recibidos.
Los imputados son el subdirector José Luis Agramonte y los agentes Julio Alcibíades Montás Pérez, Robert De La Rosa, Joheny de Mora Moreta, José Benjamín Jerez Pérez, Ariel Meregildo y Santo Beltré Reyes, todos de 31 años.
El Ministerio Público señala que los acusados incurrieron en maltratos físicos sistemáticos y uso excesivo de la fuerza dentro del recinto penitenciario, además de estar vinculados al fallecimiento del interno Wilgens Nicolás Vargas, ocurrido el 1 de septiembre de 2024.
Este caso, denominado Antídoto II, se originó tras una denuncia de la Comisión de Cárceles de la Oficina Nacional de la Defensa Pública el 30 de agosto de 2024, donde se alertaba sobre torturas y tratos crueles dentro del CCR El Pinito. La jueza Adaías Sánchez declaró el proceso como complejo.
«El Ministerio Público aportó suficientes evidencias documentales, periciales, materiales, ilustrativas y testimoniales, que fueron valoradas por el tribunal para disponer el envío a prisión de los imputados», informó la Procuraduría.
Los cargos presentados incluyen coalición de funcionarios, abuso de autoridad, asociación de malhechores, homicidio agravado y actos de tortura y barbarie, según los artículos 123, 124, 125, 186, 265, 266, 295, 302 y 303 del Código Penal Dominicano.
Respecto a José Benjamín Jerez, Ariel Meregildo y Santos Beltré, la acusación también incluye golpes y heridas voluntarias, bajo los artículos 123, 124, 125, 186, 265, 266, 309 y 303 del mismo código.
La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, valoró la decisión del tribunal y enfatizó: «No toleramos violaciones a derechos humanos de ningún ciudadano, incluyendo los privados de libertad, y, mucho menos de quienes tienen el deber de garantizar esos derechos».
