Inversionista extranjero Antonio Carbone hace un llamado directo al presidente Abinader para que intervenga como garante de la Constitución

Reitera llamado a cumplir sentencia del TC que ordena la devolución de sus bienes

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- (9 de septiembre de 2024).- El empresario e inversionista canadiense Antonio Carbone hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que actúe como garante de la Constitución de la República Dominicana. Carbone instó al mandatario a demostrar el respeto por el estado de derecho en el país, enfatizando la importancia de acatar las sentencias del Tribunal Constitucional (TC).

Esta petición surge en un momento en que se discute una posible reforma constitucional, contexto en el cual el inversionista subraya la necesidad de cumplir con las decisiones ya emitidas por el máximo órgano de interpretación constitucional.

Carbone dijo que el jefe de Estado en su promoción por reformar la carta magna se ha denominado como un hombre respetuoso de la ley de leyes, por lo que solicita su intervención para que le sean devuelto los bienes de su familia despojados mediante una trama que lo llevó a la cárcel siendo inocente.

El inversionista extranjero indicó que su reclamo porque se respete la ley sustantiva se ha convertido en una voz en el desierto.

Carbone alega que ha sido víctima de un «robo y estafa» por parte de lo que describe como una «asociación de malhechores», afirmando que le fueron despojados bienes valorados en más de 580 millones de dólares. El empresario sostiene que existe una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a su favor que ordena la devolución de dichos bienes, pero asegura que esta no se ha cumplido.

El empresario canadiense dijo que al desacatar la ejecución de la sentencia TC-0367-21 del Tribunal Constitucional se violaron los artículos 50 y 51 de la carta magna que garantizan la libertad de empresa y el derecho a la propiedad.

» No es posible que en el país se diga evadiendo la ejecución de una sentencia definitiva que ordena que me devuelvan el patrimonio de mis hijas y de toda mi familia», exclamó Carbone.

Carbone dice que le solicita por última vez la intervención del presidente Luis Abinader para que se ejecute la sentencia del TC,que ordena la devolución de sus bienes.

Dice que parece que existe una presunta complicidad de altos funcionarios, incluyendo a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, y los fiscales Yeni Berenice y Wilson Camacho.

Dijo que el no cumplimiento de esa sentencia viola además, acuerdos internacionales y pone en riesgo la seguridad jurídica y el clima de inversión en el país.

Además, denunció a Fernando Arturo Báez, quien según él, está operando casinos que fueron «robados del patrimonio de sus hijas».

Dice que estos casinos están «extorsionando a los turistas» a través de juegos supuestamente ilegales como «La Ruleta Progresiva» y el «Super Kino».

Asimismo, que el Ministro de Hacienda, Jochi Vicente, estaría recibiendo «propinas y sobornos» de Fernando Arturo Báez Guerrero y que el Ministro de Turismo David Collado, no defiende a los turistas.

Carbone también mencionó a otros funcionarios y figuras públicas en su declaración, incluyendo al Ministro sin Cartera Neney Cabrera, al diputado Sergio «Gory» Moya, y a Leonardo Lantigua González, a quien señala como operador de bancas deportivas Stars Sport, de quienes dijo.forman parte de la estafa del patrimonio de su familia.

El empresario canadiense hizo un llamado directo al presidente Abinader para que intervenga en la situación, cuestionando la independencia del sistema judicial dominicano y la adherencia del gobierno a la Constitución y los pactos internacionales.

Hasta el momento, no se ha recibido respuesta oficial del gobierno dominicano a estas acusaciones. Es importante señalar que estas son declaraciones unilaterales de Antonio Carbone y que las autoridades mencionadas no han tenido la oportunidad de responder a estas alegaciones en este comunicado.

Antonio Carbone advirtió que no desmayará en su lucha y que recurrirá a las instancias que sean necesarias para que le sean restituidos sus bienes que ordenó el tribunal de alzada.

Indicó que si no se toman los correctivos de lugar el país va rumbo a la narcopolítica.