Empresario canadiense interpone denuncia civil y penal contra empleados del Ministerio de Hacienda por robo de US$580 millones en bienes
Reclaman investigación exhaustiva por transferencia ilegal de activos de Dream Corporation Inc. en violación de sentencias judiciales
Santo Domingo (30 de abril de 2024). El empresario canadiense Antonio Carbone, accionista mayoritario de Dream Corporation Inc., presentó una denuncia civil y penal contra empleados del Ministerio de Hacienda desde agosto de 2012 hasta el 25 de marzo de 2024.
Carbone solicitó una exhaustiva investigación por parte de las autoridades competentes sobre la presunta transferencia ilegal de los bienes de Dream Corporation Inc. en violación de dos sentencias de inmovilización de fondos del Ministerio Público, la No. 629-2019 de la Suprema Corte de Justicia y la TC/0367/21 del Tribunal Constitucional.
Carbone denunció a través de sus abogados Ysmael Molina Carrasco y Jafet Sánchez Mercado los presuntos actos de corrupción, abuso de poder, extorsión, falsedad, asociación de malhechores y robo agravado por parte del Ministerio de Hacienda.
La instancia está dirigida a diversas autoridades dominicanas, incluyendo el ministro de Hacienda, Jochi Vicente; la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito y el Presidente Luis Abinader.
La denuncia también va dirigida a Teófilo José Tabar Manzur, exdirector de Casinos y Juegos de Azar; Claudia Álvarez, directora de Casinos y Juegos de Azar; Luis Maisichell Dicent, exdirector de la Lotería Nacional Dominicana; Luis Valdez Veras, director de Impuestos Internos; Lucile Houellemont, directora de la Cámara de Comercio y Producción; los procuradores generales adjuntos y titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.
Carbone solicitó al Presidente de la República y a todos los funcionarios nombrados que le entreguen una explicación formal por escrito sobre la transferencia de sus bienes en violación del Artículo 51 de la Constitución de la República Dominicana.
Manifestó estar a la orden del Ministerio Público y del Ministerio de Hacienda para participar en la investigación solicitada.
Asimismo, expresó que está a la disposición de todos los oficiales designados para proceder penal y civilmente en contra de todos los empleados implicados que hayan sido sobornados dentro del Ministerio de Hacienda.
La denuncia pública busca esclarecer los hechos y restablecer los derechos de propiedad de Antonio Carbone y su familia sobre los activos de Dream Corporation Inc., en cumplimiento de las decisiones judiciales vigentes.
Tras 8 años y medio de exhaustiva investigación por presunto lavado de activos, donde Antonio Carbone es titular del 42,5% de las acciones, Francesco Carbone otro 42,5%, y el 15% restante de otro, se acabó violando la ley, la Constitución y los pactos y tratados internacionales, según el Presidente, los ministros y los fiscales, una acusación de lavado de activos no debería prolongarse más de 4 años.
Los abogados de Carbone también notificaron el nombramiento de un nuevo administrador judicial designado por un tribunal competente en la República Dominicana y solicitaron formalmente el cumplimiento de la Sentencia TC/0367/21, que establece la entrega inmediata de los bienes a los propietarios de Dream Corporation Inc., una vez concluida la investigación por lavado de activos.
En ese sentido, Carbone solicitó la devolución voluntaria por parte del Ministerio Público y del Ministerio de Hacienda de sus bienes valorados en 580 millones de dólares.
«¡Que Dios bendiga esta investigación exhaustiva!», concluyó.
Se recuerda que el pasado 18 de abril, el empresario canadiense Antonio Carbone interpuso una querella ante la Procuraduría General de la República contra funcionarios, exfuncionarios, empresarios y legisladores, por presuntas artimañas utilizadas para despojarlo de los mencionados 580 millones de dólares en activos de negocios.
En dicha ocasión, la querella fue dirigida al juez de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero Montero, a la procuradora general Miriam Germán Brito, a los procuradores generales adjuntos de la Dirección General de Persecución de la Corrupción, Wilson Camacho y Yenni Berenice Reynoso, al procurador general de la Corte de Apelación, José Del Carmen Sepúlveda, y a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
El dispositivo de esta demanda incluye a 127 personas que, según el inversionista extranjero, utilizaron artimañas para apoderarse de los bienes que posee en la República Dominicana. En esta lista figuran el expresidente Danilo Medina, los exministros Simón Lizardo y Donald Guerrero, el actual ministro Neney Cabrera, los exprocuradores Francisco Domínguez Brito y Jean Alain Rodríguez Sánchez, el diputado Sergio «Gory» Moya de la Cruz, entre otros.
