Sanciones por uso recursos campaña son débiles
Por el uso de los recursos del Estado en campañas políticas las sanciones han sido débiles en República Dominicana; todo se ha quedado en las denuncias de los partidos opositores que compiten en desventaja con el partido oficialista y en los reclamos de transparencia de la sociedad.
Ha sido una tradición que en cada proceso los partidos en la oposición demandan a la Junta Central Electoral (JCE) para que controle el uso de los recursos del Estado a favor de los candidatos oficialistas y aunque este órgano ha adoptado normativas, no siempre son acatadas.
Una de las medidas más sonoras fue la 001-2008 dictada por la Junta Central Electoral el 24 de marzo del 2008, que ordenó el cese inmediato del pago de nómina (nominilla) que no correspondan a los salarios y remuneraciones por servicios regulares prestados por funcionarios o empleados públicos.
Esa medida surgió en medio de la campaña reeleccionista del entonces presidente Leonel Fernández y ante la demanda de la oposición de que se regulara el uso de recursos del Estado.
Recientemente, la JCE adoptó la resolución 33-19 que regula la participación de los funcionarios en campaña y limita las inauguraciones a 40 y 60 días antes de las elecciones municipales de febrero y las congresuales y presidenciales de mayo.
Sin embargo, el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) consideró la misma ineficaz y demandó que sea ampliada a fin de que los funcionarios no realicen promociones electorales en horario laboral, no reciban donaciones de contratistas del Estado, no aumenten la nómina pública, entre otras medidas.
Qué dice la ley. El artículo 277 de la Ley Electoral 15-19 faculta a la JCE adoptar medidas cautelares para cesar el uso indebido de los recursos públicos y otros considerados ilícitos en la campaña.
Asimismo el 278 le autoriza establecer sanciones administrativas equivalentes a pago de salarios mínimos de acuerdo a un listado de 17 ilícitos.
Mientras que el 284 castiga con prisión de seis a dos años, además de multas, una serie de delitos, incluyendo a funcionarios que usen sus influencia oficial para las elecciones.
