PUERTO RICO: EEUU rechaza extender los beneficios sociales
SAN JUAN.- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, denunció este jueves la «discriminación» que sufre el territorio por su «estatus colonial» tras el rechazo del Tribunal Supremo de Estados Unidos de extender a los residentes de la isla ciertos beneficios sociales.
«La decisión del Tribunal Supremo sobre el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) una vez más comprueba que la condición territorial de Puerto Rico es discriminatoria para los ciudadanos americanos en la isla, y le permite al Congreso hacer lo que quiera con nosotros», dijo Pierluisi.
En un comunicado, el gobernador lamentó que el pueblo puertorriqueño, particularmente los más vulnerables, sufren «las consecuencias de ese trato desigual bajo la bandera americana».
«Lo mismo ocurre en otros programas transcendentales, tales como Medicaid, Medicare y asistencia nutricional. Basta ya de este estatus colonial que nos discrimina y afecta nuestra calidad de vida. La única y la mejor solución es la estadidad», subrayó.
El gobernador y su grupo político, el Partido Nuevo Progresista (PNP), abogan por lograr la anexión total de Puerto Rico a Estados Unidos y acabar con el actual estatus de Estado Libre Asociado.
El Tribunal Supremo confirmó hoy la legalidad de la exclusión de los americanos residentes en Puerto Rico de recibir el SSI en el caso judicial Estados Unidos vs Vaello Madero.
El puertorriqueño Jose Luis Vaello Madero recibió beneficios del SSI mientras residió en Nueva York y siguió haciéndolo cuando se mudó a Puerto Rico, hasta que el Gobierno federal supo de su cambio de residencia y lo demandó reclamándole 28,000 dólares.
El Supremo advirtió de que «la Constitución no exige al Congreso extender los beneficios de la Seguridad Social a los residentes de Puerto Rico» porque del mismo modo que no se cobran impuestos federales en la isla, dichos derechos no son obligatorios.
También la comisionada residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes, Jenniffer González, criticó que esta decisión del Supremo sigue «casos históricos que permiten el discrimen a los americanos de Puerto Rico».
«Emplazo a mis colegas en el Congreso a que actúen con premura para corregir este discrimen insólito que mantiene a más de 300,000 de nuestros más vulnerables en la pobreza extrema», agregó.
La comisionada residente impulsó la aplicación del SSI para Puerto Rico por medios legislativos, en vistas de la Cámara y del Senado, y envió misivas a la Casa Blanca abogando por la extensión del programa a la isla.
