Exoneraciones de jueces, procuradores y ex diplomáticos

Por Juan Francisco

No solo son el Congreso, los ayuntamientos y las empresas contratadas que por ley disfrutan de exoneraciones de vehículos, también importan vehículos libres de impuestos no tan lujosos y con otras modalidades los jueces, procuradores y ex diplomáticos.

Se conocen 7 leyes que regulan exoneraciones de impuestos: La Ley macro 4027-55, la Ley 57-96 de los Congresistas, la Ley 127-67 de Cooperativas, la Ley 176-06 de los Ayuntamientos, la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, la Ley 133-11 de Carrera Judicial, la Ley 327-98 de Fiscalía y la Ley 630-16 de Cancillería.

Según Hacienda las cooperativas ni los periodistas han recibido estos privilegios. En sus archivos solo los congresistas, los ayuntamientos, los jueces, fiscales, ex diplomáticos y empresas contratadas reciben exoneraciones de vehículos por leyes.

El artículo 74.8 de la Ley 133-11 de Carrera Judicial y el artículo 51 de la Ley 327-98 del Ministerio Público permiten a los jueces y procuradores importar libre de impuestos un vehículo de motor no suntuario cada 5 años para el desempeño de sus funciones.

Aunque con otra modalidad también el Artículo 86 de la Ley 630-16 dispone en favor de los miembros del servicio exterior el derecho a un vehículo libre de impuestos cuando terminen sus funciones diplomáticas y regresen al país con el vehículo de su uso.

A más de 962 ex funcionarios del servicio exterior, de jueces y de fiscales, desde el 2011 al 2021, les fueron exonerados vehículos. Alrededor de 317 jueces, 569 procuradores, fiscalizadores, fiscales y 76 diplomáticos fueron beneficiados con la exoneración de impuestos de un vehículo cada año en esos 10 años.

Pese a que Hacienda nos negó la lista de exoneraciones de los ex diplomáticos porque según ellos ya no son funcionarios públicos y los protege la ley por ser datos personales, nos entregó dos listas de jueces y fiscales que han recibido estos privilegios del Estado.

Entre los jueces más conocidos y con vehículos más caros están Mariano Germán Mejía ex presidente de la SCJ exoneró una Land Rover Sport por US $75,114 equivalente a $3,431,322 en 2015 y un Toyota Lexus NX 300 por US $77 mil igual a $4,059,012 en 2019.

El Juez de la SCJ Juan Hirohito Reyes Cruz importó una Toyota Prado por US $39,857 equivalente a $2, 476,147 y el actual presidente del Tribunal Constitucional TC Milton Ray Guevara exoneró una Chevrolet Traverse valorada por US $28,847 igual a $1,502,437.

De los Fiscales más conocidos están la actual fiscal del DN Rosalba Ramos exoneró una Land Rover Range Rover 2010 por US $29 mil equivalente a 1,391,444 y el Director del Pegca Wilson Camacho compró una Grand Cherokee por US $23 mil igual a $1,132,886.

La totalidad de los 317 jueces gastaron US $9,434,096 equivalente a $481,987,141 y dejaron de pagar en impuestos a la DGII $265,881,483. Mientras que los fiscales gastaron US $17,317,977 igual a $910,051,453 y dejaron de pagar al fisco $518,274,676.

Hacienda nos aclaró que no es cierto que se están entregando exoneraciones de vehículos por decretos ni por órdenes ejecutivas. Es la Constitución del año 2015 en su Artículo 244 que, contrario al principio de igualdad, autoriza las exenciones por Ley o Contrato.

Por estas leyes, ninguna persona física o moral beneficiada con una exoneración de impuesto puede, antes de transcurridos 5 años traspasarlos, donarlos o venderlos a personas o empresas. Pero los dealers los compran a través de mecanismos de endosos ilegales y corruptos establecidos en las Aduanas y los venden a terceros.

Instituciones beneficiadas como las alcaldías están violando la ley porque las importaciones de vehículos exonerados deben ser directa no consignada ni endosada a personas físicas o morales. Está prohibida toda consignación que se haga a otra persona que no fuere el departamento o ente autónomo que haga la compra.

Muchas instituciones que reciben exoneraciones por contrato no cumplen el artículo 29 de la Ley de Contrataciones Públicas: ninguna institución pública podrá contratar o convenir con entes privados sobre exenciones o exoneraciones de impuestos y otros tributos, o dejar de pagarlos, sin la debida aprobación del Congreso Nacional.

Lo ideal es acabar con esos privilegios eliminando leyes y artículos constitucionales que los promueven porque no es justo que de 574 jueces del sistema judicial solo se premien 52 al año, de 1,000 a 1,200 fiscales sean privilegiados 94 al año, y de 2 mil a 4 mil funcionarios del exterior sean beneficiados 12 diplomáticos al año.

A la fecha la fiscalía nunca ha perseguido a los funcionarios que violan la ley 4027-55 para castigarlos en la justicia con sanciones que van desde la destitución, pagar los impuestos, penas menores de 6 meses o mayores de 2 años de cárcel y multas de pago del doble de los impuestos no pagados hasta la confiscación de bienes.